Paro en el sector público: Funcionarios y CUT toman la calle para defender sus derechos laborales y exigir ajustes salariales

Este jueves, los funcionarios del sector público y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se lanzaron a un paro nacional con el objetivo de presionar al Gobierno para un reajuste salarial.

La movilización, que comenzó a las 11 de la mañana, se produce en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y los sindicatos, ya que las negociaciones apenas inician y la postura oficial ha sido de desestimarla.

La negativa del Gobierno se basa en que la solicitud de los trabajadores, un alza real del 3% y un aumento nominal del 7,5%, se ha presentado antes de que se hayan iniciado formalmente las tratativas.

El paro, que busca enfatizar la importancia de un ajuste salarial que garantice la estabilidad de los empleados públicos, ha sido ampliamente respaldado por la CUT, que se ha posicionado como un actor clave en la defensa de los derechos laborales.

En una entrevista con el diario The Clinic, David Acuña, presidente de la CUT, reafirmó el derecho de los trabajadores a movilizarse, destacando que “las luchas sociales han sido decisivas para avanzar en reformas laborales que han beneficiado a los trabajadores”. Acuña insistió en que el paro busca también proteger el empleo público y responder a un reciente cambio legislativo que ha suscitado preocupación entre los trabajadores a contrata.

El motivo de esta inquietud radica en una nueva jurisprudencia administrativa emitida por la Contraloría en noviembre, que modificó el tratamiento del principio de confianza légitima. Anteriormente, durante la gestión del ex contralor Jorge Bermádez, se permitía argumentar la continuidad en el cargo ante el ente fiscalizador tras dos renovaciones consecutivas.

Sin embargo, recientes fallos judiciales, como el de la Cuarta Sala de la Corte Suprema, establecieron que este reclamo solo se podría presentar después de cinco años, dejando a los trabajadores en una posición de vulnerabilidad y sin el respaldo directo de la Contraloría.

Acuña subrayó que “la movilización es una herramienta fundamental para avanzar y proteger nuestros derechos”, a la vez que garantizó que los gremios harán todo lo posible para minimizar el impacto en la ciudadanía.

Sin embargo, la falta de estabilidad laboral y el temor a una creciente dependencia de los tribunales de justicia para resolver cuestiones laborales han impulsado a los sindicatos a exigir un cambio.

El Gobierno, por su parte, ha manifestado su descontento con la convocatoria del paro antes de iniciar las negociaciones. Mario Marcel, ministro de Hacienda, fue entrevistado por Radio ADN y comentó sobre la movilización, mencionando: “Creo que es difícil de entender. Uno puede entender que hay alguna movilización cuando fracasan las negociaciones, desgraciadamente en el sector público eso no está regulado, pero de todas maneras igual es como de sentido común, que es en esas circunstancias las cuales se pueden entender las movilizaciones de los trabajadores”. Con estas palabras, Marcel rechazó la idea de que se justifique un paro antes de iniciar formalmente las negociaciones salariales.

Por otro lado, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, se pronunció sobre el tema en una entrevista en la que expresó:“La convocatoria a un paro antes de sentarse a conversar no le encuentro mucho sentido, toda vez que estas conversaciones recién se van a empezar a producir. Cada vez que se paraliza existe, por otro lado, una ciudadanía que no puede realizar sus trámites o recibir los servicios adecuados. Haría un llamado a que si hay una molestia por palabras de la derecha en torno a la solicitud de reajuste de los salarios públicos, ojalá se los hagan saber a ellos, pero que no sea la ciudadanía los que tengan que asumir este costo.”

A pesar de las diferencias, la CUT mantiene su postura firme. Acuña finalizó su declaración afirmando que “el gobierno debe hacerse cargo de la estabilidad laboral y no dejar que esta dependa de los tribunales”, destacando que el fortalecimiento del empleo público es vital para garantizar servicios de calidad y proteger los derechos de los trabajadores del Estado.

La protesta de este jueves es solo el inicio, y la posibilidad de nuevas acciones de mayor envergadura queda sobre la mesa si las demandas no son atendidas.

 

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