El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) presentó nuevamente a la Contraloría General de la República, el pasado 4 de enero, el reglamento para implementar la Ley 21.553, conocida como Ley Uber. Esta normativa busca regular las plataformas de transporte en Chile, estableciendo reglas claras para vehículos y conductores, pero no ha estado exenta de polémicas.
Puntos clave del reglamento
El reglamento sobre la Ley Uber introduce exigencias que impactan directamente en las operaciones de las empresas de transporte:
- Cilindrada mínima: Los vehículos deben contar con un motor de al menos 1,4 centímetros cúbicos.
- Antigüedad máxima: Los automóviles no pueden superar los 10 años de uso.
- Licencia profesional: Los conductores deberán poseer una licencia de clase A, actualmente exigida solo a taxistas y transportistas profesionales.
- Revisión técnica semestral: A diferencia de los autos particulares, los vehículos utilizados en estas plataformas deberán someterse a revisiones técnicas cada seis meses.
Estas normativas buscan equiparar las condiciones de las plataformas digitales con las del transporte público tradicional, como los taxis, generando un marco más justo de competencia, según el MTT.
Impacto en el sector
La implementación del reglamento podría tener consecuencias significativas. Marcela Sabat, directora ejecutiva de Alianza In Chile, advirtió que cerca de 80 mil vehículos podrían quedar fuera de circulación si se aplican estas medidas. Esto afectaría directamente a conductores que dependen de estas plataformas para su sustento y podría reducir la oferta disponible para los usuarios.
Además, las empresas de transporte han expresado preocupaciones sobre la viabilidad de cumplir con las exigencias, especialmente en un escenario económico complicado para muchos conductores.
El debate sobre la Ley Uber continúa
La Ley Uber y su reglamento han sido motivo de debate desde sus inicios. Los defensores argumentan que estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad y calidad del servicio, mientras que los detractores señalan que las condiciones son desproporcionadas y podrían desincentivar el uso de estas plataformas.
El reglamento aún debe pasar por la revisión de la Contraloría para su aprobación. Este proceso será clave para determinar cómo y cuándo se pondrán en marcha estas regulaciones.
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