El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, ha interpuesto una querella criminal contra el diputado Joaquín Lavín León por presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude al fisco. Con esta acción legal, Vodanovic busca esclarecer irregularidades ocurridas en la municipalidad entre 2016 y 2021, periodo en que la comuna fue administrada por Cathy Barriga, esposa del parlamentario.
Vodanovic acusa corrupción en la gestión anterior
Tomás Vodanovic anunció la querella a través de su cuenta en X, reafirmando su compromiso de perseguir la corrupción en la comuna. Según la denuncia, Lavín habría intervenido en decisiones municipales para beneficiar intereses personales y asegurar contrataciones afines a su sector político.
Uno de los elementos clave en la querella es un intercambio de correos entre Lavín y la exfuncionaria Juanita Elton Bulnes, donde se intentó gestionar el cambio de uso de suelo de un terreno familiar. Aunque la modificación no se concretó, el diputado reconoció haber reenviado la solicitud a la Secretaría de Planificación de Maipú.
Además, se presentaron pruebas de solicitudes de Gustavo Hasbún y Patricio Melero para contratar personas en el municipio, lo que podría constituir tráfico de influencias. También se menciona a Arnaldo Domínguez, asesor de Lavín, como posible intermediario en estas gestiones.
La respuesta de Joaquín Lavín
El diputado Joaquín Lavín León negó todas las acusaciones y calificó la querella como una maniobra política. Aseguró que las investigaciones en su contra llevan años sin resultados concretos y que esta denuncia solo busca desviar la atención de los problemas actuales de Maipú.
Cathy Barriga y el avance de la investigación
Esta querella se suma a otras acciones legales contra la administración de Cathy Barriga, quien actualmente cumple prisión preventiva y enfrentará una formalización en abril por malversación de fondos públicos y negociación incompatible.
Mientras el caso avanza en la justicia, la comunidad de Maipú y el país siguen atentos al desarrollo de este proceso, que podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción municipal en Chile.
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