La esperada Reforma de Pensiones ya es una realidad. Este miércoles, la ley fue publicada en el Diario Oficial, dando inicio a los plazos oficiales para su implementación. Con ello, comienzan a aplicarse cambios clave en el sistema previsional chileno, incluyendo el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el incremento gradual de la cotización obligatoria.
Para abordar los detalles de esta reforma, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, asistieron a la Comisión del Trabajo del Senado. Durante la sesión, destacaron los principales hitos y fechas relevantes para la puesta en marcha de la normativa.
Principales cambios y fechas clave de la Reforma de Pensiones
Uno de los primeros aspectos en entrar en vigencia será la extensión del Seguro de Lagunas Previsionales, medida que comenzará a regir en agosto de 2025. Este beneficio abarcará tanto a quienes utilicen el Seguro de Cesantía con cargo al Fondo de Cesantía Solidario como a aquellos que lo hagan a través de sus Cuentas Individuales de Cesantía.
También en agosto, iniciará el aumento progresivo de la cotización obligatoria, comenzando con un 1% adicional de la renta imponible. Este incremento continuará de manera gradual hasta alcanzar un 7% en un período de nueve años, con la posibilidad de extenderse hasta 11 años si las condiciones lo requieren.
Otro hito relevante será el aumento de la PGU, que en septiembre de 2025 subirá de $224 mil a $250 mil para los pensionados de 82 años o más. Esta mejora se extenderá en 2026 para los pensionados de 75 años o más y en 2027 para aquellos de 65 años o más, beneficiando progresivamente a un mayor número de personas.
Implementación y supervisión
Además de estos cambios, la reforma contempla la creación del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), cuyo consejo será propuesto por el Presidente y enviado al Senado en abril de 2025. En el mismo mes, se remitirá el primer reglamento a la Contraloría y se darán a conocer las primeras normativas de la Superintendencia de Pensiones.
La ministra Jara enfatizó la complejidad de la implementación y la necesidad de un trabajo coordinado con diversas entidades, como la Administradora de Fondos de Cesantía y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). “Es un proceso extenso, con una planificación a 36 meses, que requiere máxima eficiencia para garantizar un impacto positivo en el sistema previsional”, señaló.
Con esta reforma, el Gobierno busca mejorar la seguridad económica de los jubilados, reducir brechas en el sistema previsional y fortalecer la sostenibilidad de las pensiones en el largo plazo. A medida que avancen los plazos de implementación, se espera un monitoreo constante para asegurar su correcta aplicación y el cumplimiento de los objetivos planteados.
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