El Tribunal Constitucional resolvió cesar del cargo a la senadora Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende, tras considerar que cometió una falta constitucional al intentar vender al Estado la casa de su padre. La decisión, tomada el jueves 3 de abril de 2025, marca el fin de una trayectoria parlamentaria de más de 30 años dentro del Congreso Nacional y tendrá efecto una vez se notifique oficialmente a la exsenadora.
La postura de Isabel Allende ante la destitución
En un comunicado, Isabel Allende aseguró que la memoria de su padre permanecerá intacta y que el fallo no afecta su legado. «Hoy no habrá museo, pero seguirán las calles y plazas con su nombre a lo largo de todo Chile y el mundo, así como su legado político y el cariño de millones de compatriotas», afirmó.
Asimismo, enfatizó que durante sus más de tres décadas como servidora pública nunca utilizó su cargo para beneficio personal y que siempre respetó la Constitución y las leyes. «Tengo la certeza de haber actuado siempre con total integridad», puntualizó.
La denuncia de la oposición y el fallo del TC
El requerimiento que derivó en la destitución fue presentado por diputados de oposición, en su mayoría del Partido Republicano y de la coalición Chile Vamos (RN y UDI).
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, valoró la resolución: «Los parlamentarios no pueden celebrar contratos con el Estado, y una persona que ha estado en puestos por más de 30 años no podía sino conocer esta causal de destitución».
El proyecto del museo y la investigación judicial
La polémica surgió a fines de 2024, cuando el Gobierno anunció la compra de la residencia de Salvador Allende por 933 millones de pesos chilenos (aproximadamente un millón de dólares) para transformarla en un museo. Sin embargo, tanto Isabel Allende como su sobrina, la exministra de Defensa Maya Fernández, estaban impedidas constitucionalmente de firmar contratos con el Estado debido a sus cargos públicos.
El caso derivó en una investigación judicial por presunto fraude al fisco, en la que incluso el presidente Gabriel Boric prestó declaración voluntaria en marzo de 2025. Boric compareció en calidad de «imputado» debido a una querella presentada en su contra, la cual luego fue ampliada a otros presuntos delitos dentro de la misma causa.
Repercusiones y cambios en el Gobierno
El escándalo también afectó al Ejecutivo. A las pocas semanas de la controversia, Boric destituyó a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Posteriormente, en marzo, Maya Fernández renunció a la cartera de Defensa tras enfrentar una Acusación Constitucional presentada por la oposición ultraconservadora, la cual finalmente fue rechazada.
La destitución de Isabel Allende representa un hito en la historia política reciente de Chile y deja en suspenso el futuro del proyecto para convertir la casa de su padre en un museo. Mientras tanto, el legado del expresidente Salvador Allende sigue siendo un punto de referencia en la memoria histórica del país.
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