El proyecto que moderniza y regula la oferta de educación parvularia quedó listo para convertirse en ley, tras la aprobación unánime del informe de la Comisión Mixta en el Senado. Esta instancia resolvió las diferencias entre ambas Cámaras y dio luz verde a una serie de cambios que buscan mejorar el acceso y la calidad de la educación en la primera infancia.
JUNJI podrá implementar programas alternativos con enfoque flexible en la educación parvularia
Uno de los puntos clave del proyecto es la facultad otorgada a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) para desarrollar programas alternativos con componentes curriculares flexibles y contextualizados. Estos estarán diseñados para atender integralmente a niñas y niños desde su nacimiento hasta su ingreso a la educación básica, respondiendo a las necesidades de sus familias y comunidades.
El senador Gustavo Sanhueza, presidente de la Comisión Mixta, explicó que estos establecimientos mantendrán coherencia con las bases curriculares vigentes, adaptándolas según sus particularidades y contextos locales.
Más tiempo para regularización y nuevo plan de cumplimiento
La iniciativa también extiende el plazo hasta el 31 de diciembre de 2034 para que los establecimientos que reciben aportes del Estado gestionen su reconocimiento oficial. A partir de esa fecha, quienes no hayan completado el proceso no podrán seguir recibiendo fondos públicos.
Además, la Subsecretaría de Educación Parvularia tendrá un año para diseñar un plan de cumplimiento que permita a estos centros alcanzar los estándares requeridos por el Ministerio de Educación.
Fortalecimiento institucional y garantías para los territorios más vulnerables
El proyecto incluye una nueva obligación para las municipalidades y corporaciones municipales: antes de traspasar jardines infantiles a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), deberán entregar un informe detallado sobre el estado de cada establecimiento bajo su administración.
Asimismo, se establece un mecanismo especial para que los programas alternativos en zonas rurales, aisladas o afectadas por desastres puedan acceder al reconocimiento estatal. Estos programas deberán cumplir con requisitos específicos, asegurando una educación de calidad incluso en condiciones excepcionales.
Transparencia y protección: nuevos registros y control de incompatibilidades
La legislación también incorpora medidas para fortalecer la transparencia y seguridad en la educación parvularia, como la creación de registros públicos del sector, la regulación sobre incompatibilidad de matrículas dobles y la inhabilitación de personas con antecedentes penales graves para trabajar con menores.
Con esta normativa, el Estado chileno reafirma su compromiso con la educación temprana como pilar fundamental del desarrollo infantil. Más de 710 mil niñas y niños que actualmente asisten a salas cuna, jardines infantiles y escuelas en todo el país se verán beneficiados por una oferta más flexible, inclusiva y territorialmente equitativa.
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