La Contraloría General de la República (CGR) anunció una investigación especial sobre los millonarios traspasos de fondos desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al Ministerio de Hacienda, con el fin de determinar si hubo una eventual afectación patrimonial y esclarecer el destino de los recursos involucrados.
Los traspasos realizados entre 2023 y 2024 ascienden a aproximadamente $3,4 billones y no fueron informados públicamente en su momento, según información de The Clinic. Frente a las consultas de la prensa, la Contraloría explicó que estas transferencias se efectuaron mediante decretos del Ministerio de Hacienda, con modificaciones presupuestarias en partidas del Ministerio de Economía y del Tesoro Público. Estas operaciones fueron revisadas y autorizadas según la normativa vigente, incluyendo el Decreto Ley N° 1263 de 1975 y la Ley de Presupuestos N° 21.516.
A pesar de que estos movimientos contaron con respaldo normativo, la CGR decidió iniciar una indagatoria para analizar si estos traspasos pudieron afectar el patrimonio de Corfo y evaluar cómo se destinaron los recursos.
Corfo descarta pérdidas de capital tras los traspasos al Fisco
En respuesta a la polémica, Corfo defendió la legalidad de las transferencias y negó que estas representen una pérdida de capital. Su vicepresidente ejecutivo, José Miguel Benavente, aseguró en una declaración pública que el patrimonio de la entidad sigue siendo superior al que tenía al inicio del actual gobierno.
Benavente explicó que el aumento del precio del litio en 2022 y 2023 generó ingresos excepcionales para Corfo, derivados de los pagos de las empresas que explotan el Salar de Atacama, así como para el Tesoro Público, por concepto de impuestos. En este contexto, afirmó que “los traspasos solicitados por el Ministerio de Hacienda afectan solo una parte de estos ingresos extraordinarios”.
Además, destacó que las transferencias fueron aprobadas por el Consejo de Corfo y ejecutadas de manera gradual y estratégica para evitar impactos negativos en las inversiones de la corporación.
No obstante, según las actas del Consejo de Corfo, Benavente se abstuvo de aprobar una de las transferencias por $1.500 millones de dólares, argumentando que podía representar una reducción de los fondos patrimoniales.
Transparencia y control en el uso de fondos públicos
La investigación de la Contraloría y la defensa de Corfo se dan en un contexto de creciente debate sobre la transparencia en la gestión de recursos estatales y el impacto de las decisiones financieras en el desarrollo económico del país. Con este proceso en marcha, se espera que la fiscalización arroje claridad sobre la legalidad y consecuencias de estos traspasos.
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