Gendarmes detenidos es el resultado de un amplio operativo coordinado entre la Fiscalía de Tarapacá, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería de Chile. La investigación dejó un total de 19 personas aprehendidas, de las cuales 12 son funcionarios de la institución penitenciaria. Se les atribuye participación en una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, cohecho, asociación ilícita y lavado de activos al interior de los recintos penitenciarios de Alto Hospicio e Iquique.
Gendarmes detenidos: cómo operaba la red al interior de las cárceles
La indagatoria se extendió por casi un año y se originó tras la detención de un funcionario de Gendarmería, cuyo teléfono celular proporcionó evidencia clave. A partir de esta detección inicial, los investigadores descubrieron una estructura donde gendarmes y civiles colaboraban para ingresar drogas a los penales, distribuirlas entre internos e incluso a otros funcionarios, y posteriormente lavar el dinero mediante familiares y terceros.
Para desarticular esta organización, se realizaron 24 allanamientos en domicilios de Iquique, Alto Hospicio y también en regiones como Biobío y La Araucanía. En el operativo participaron cerca de 150 funcionarios de la PDI. Se incautaron drogas —principalmente cannabis—, alrededor de 6.000 euros, dinero en efectivo, armas de fuego y vehículos.
Reacciones institucionales y gubernamentales
El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, destacó la gravedad del caso y señaló que el Gobierno mantiene una postura de “tolerancia cero” frente a actos de corrupción dentro de Gendarmería. Agregó que quienes pertenecen a esta institución tienen el deber de resguardar el orden y que traicionar ese mandato pone en riesgo la seguridad pública y la confianza ciudadana.
Por su parte, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, afirmó que el caso refuerza la voluntad de depurar la institución de funcionarios involucrados en delitos. También valoró que los equipos de inteligencia interna hayan colaborado activamente en la investigación, lo que permitió dar con los responsables.
Impacto en la institución y medidas futuras
Este caso ha encendido alarmas sobre la vulnerabilidad de los sistemas de control dentro de los recintos penitenciarios. Expertos en seguridad pública advierten que la corrupción en instituciones encargadas de custodiar a personas privadas de libertad favorece el fortalecimiento del crimen organizado dentro de las cárceles, generando un peligro para la seguridad interna y externa.
Se espera que, como respuesta, se refuercen los protocolos de control de funcionarios, la rotación regular del personal en zonas sensibles, la revisión patrimonial y la implementación de canales de denuncia protegida para evitar represalias contra quienes denuncien irregularidades.
Proceso judicial en curso
Los 19 detenidos fueron puestos a disposición de tribunales, y la Fiscalía evalúa solicitar prisión preventiva para los principales involucrados. También se contempla solicitar la ampliación del plazo de detención debido a la complejidad del caso y la cantidad de evidencia recopilada. La participación de funcionarios públicos en delitos como tráfico de drogas y cohecho podría traducirse en penas más altas.
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